HETEROGENEIDAD Y MINUCIA DE LA LABOR DEL CONGRESO
La
Junta Gubernativa se presentó a una sesión secreta del Congreso, el 6 de
noviembre, para hacer su renuncia en atención a las críticas circunstancias y
por pequeños resentimientos que tenía con aquel. Esta dimisión no fue aceptada.
Hubo relación entre ella y el acuerdo legislativo de 4 de noviembre, según el
cual las vacantes del ejército y la marina se debían llenar con oficiales
peruanos y que, cuando esto no pudiera ser, se diese cuenta a la Asamblea; lo
cual provocó la alarma de los oficiales de las tropas auxiliares, temerosos por
sus ascensos y sus colocaciones futuras. Una transacción del momento consintió
en cambiar la ley para resolver que las vacantes militares y navales que se
produjeran se llenarían con oficiales peruanos, sin perjuicio de los ascensos
de escala y premio a los extranjeros que servían a las banderas del Estado o
fuesen después admitidos bajo ellas. Análoga resolución había adoptado el
Congreso, para las vacantes en cargos civiles y eclesiásticos que debían ser
provistos de toda preferencia en peruanos, debiéndole dar cuenta al Legislativo
si ello no era posible (4 de noviembre). Mas la Asamblea acordó casi al mismo
tiempo, acciones de gracias a Lord Cochrane, a Colombia, al ejército
libertador, a la República de Chile y a su Supremo director. También expresó su
reconocimiento a los guerrilleros y hasta a los salvajes de la selva, cuyos
servicios ofrecieron algunos funcionarios de Jauja. Otorgó, además, una amplia
amnistía; los americanos desterrados y confinados quedaron autorizados para volver
al seno de sus familias de inmediato, y llegó a ser permitido el regreso de los
españoles al terminar la guerra. El único exceptuado fue el ex ministro de San
Martín, Bernardo Monteagudo, en quien recayó una tremenda orden legislativa de
proscripción declarándolo fuera de la protección de la ley en el momento en que
pisara el territorio nacional y haciendo responsables en sus personas y sus
bienes a las autoridades que le permitiesen entrar y permanecer libremente en
sus distritos. El Congreso trató de múltiples asuntos más, entre los que no
faltaron algunos de tan poca monta como el permiso para confesar y predicar
otorgado a Fray Leandro Ponce, el traslado de frailes de un convento a otro,
querellas de sacerdotes contra sus superiores, validez de los actos
provinciales en los conventos de San Francisco y Santo Domingo, gastos de
escritorio del auditor de guerra, dispensa de práctica a un bachiller en
jurisprudencia, prohibición de que se ocuparan en obras públicas los esclavos
de propiedad particular, tratamiento de “señoría” a los diputados, empleo por
ellos de dos sirvientes exceptuados del servicio militar, quejas de los pueblos
de Huarochirí y de San Damián contra su gobernador, y de los expósitos por
abusos de su prelada. Al disponer que todo acto público en los tribunales, en
el ejército y aun en los teatros comenzara con las palabras “Viva el Perú”,
dichas en alta voz por el que presidiera, reafirmó en forma solemne su
ingenuidad patriótica. Al mismo tiempo otorgó títulos y honores a algunas ciudades;
demostró su interés por la educación pública al ordenar que todos los maestros
de primeras letras concurrieran a la escuela normal para practicar el método de
Lancaster y que la Junta Gubernativa fomentara los colegios de San Carlos y San
Fernando, a cuyos alumnos pobres y distinguidos trató de exonerar del pago de
derechos de grado; debatió ampliamente el Reglamento de Comercio; se adjudicó
la facultad de conocer los expedientes sobre nacionalización de extranjeros y
promovió el cultivo del lino en el departamento de Trujillo y las manufacturas
de este producto. No descuidó, además, grandes temas de carácter cívico e ideológico.
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