DISCORDIA ENTRE RIVA AGÜERO Y EL CONGRESO
Al
viajar el ejército peruano al sur no quedaron en Lima, sino tropas auxiliares,
entre las que tenían mayor importancia las colombianas, ascendentes entonces a
unos cuatro mil hombres. Sucre había llegado al Perú primero como ministro
plenipotenciario de Bolívar. Luego se puso a la cabeza de la división auxiliar
colombiana. Así, el diplomático y el político tuvieron el apoyo de la fuerza
militar, y el hábil guerrero pudo actuar en salones y en antecámaras. Después
de su llegada se acentuaron los esfuerzos para que viniera el Libertador. El
Congreso adoptó, con la participación de Carlos Pedemonte, Manuel Ferreyros,
Francisco Javier Mariátegui y Miguel Otero, el 5 y el 14 de mayo, acuerdos
favorables a este viaje como una fórmula de solución para los problemas
relacionados con la guerra, es decir, sin otorgar importancia al flamante grado
de Mariscal que el mismo Parlamento, movido por otra facción, había conferido a
Riva-Agüero. Cuando salieron de Lima las tropas del Perú para iniciar la
segunda expedición de Intermedios, Sucre se dirigió a la Asamblea legislativa
que tan propicia resultaba para el Libertador, manifestó su gratitud por los
decretos del 5 y del 14 de mayo y expresó “que la división auxiliar colombiana
ofrece sus armas a la Representación nacional por garantía de su libertad y que
se honrará de servirle tan celosa y fielmente como los soldados peruanos”. El
Congreso en su respuesta expresó su complacencia ante el hecho de que las
tropas auxiliares “miran como propios los intereses del Perú y la consideración
e inviolabilidad de sus instituciones, distinguiéndose en garantizar con sus
armas la primera de ellas, cual es la Representación nacional como que U.S.
sabe muy bien que sin ella no habría libertad ni patria”. La injerencia del
colombiano Tomás Heres en la política peruana de entonces, a través de unos
artículos en el Correo Mercantil, parece ser apenas uno entre muchos episodios
de un mismo plan. Pocos días después del homenaje antes mencionado, el 15 de
mayo, Sucre escribía a Bolívar: “El ejército no tiene jefes: el país está tan
dividido en partidos como están las tropas de los diferentes Estados que las
forman; el Congreso y el Ejecutivo están discordes y esto no puede tener buen
resultado; no hay subsistencias para la tropa y las pocas que se adquieren se
invierten mal... en fin, mil males asoman para presagiar que todo se desbarata
y en un desmoronamiento la división de Colombia será parte de las ruinas”. Y
agregaba en la misma carta: “Yo he tratado de que, sea como sea, haya un
decreto del cuerpo legislativo solicitando la venida de Ud.” La discordia
intestina llegó a tomar caracteres amenazantes. En sesión secreta de 9 de junio,
el Congreso tuvo conocimiento de la existencia de una conjura para asesinar o
faltar de obra a los diputados Manuel Antonio Colmenares, Manuel Ferreyros,
Francisco Javier Mariátegui y Francisco Argote (este último, colombiano de
nacimiento) y mandó abrir el proceso correspondiente. Poco se avanzó en él;
pero quedó acreditada la existencia de un grupo de personas adictas a Mariano
Tramarría y en actitud hostil a aquellos diputados por sus ataques al Gobierno
y en especial al ministro de Guerra, coronel Ramón Herrera. La pugna entre el
Poder Ejecutivo y el Legislativo, la animosidad creciente del bando opositor a
Riva-Agüero, la falta de reputación militar de este cuando la suerte de la
causa de la Independencia dependía de campañas y batallas, la creación
progresiva de un ambiente similar al que provocara la caída de la Junta
Gubernativa, la amenaza inminente que significaba para Lima el ejército de
Canterac, el influjo que tenía la presencia de las tropas colombianas, el
alejamiento del ejército nacional, la aptitud persuasiva de Sucre con su
suavidad en el trato, sencillez en las maneras, cordialidad en las actitudes y
energía en los propósitos, en fin, las circunstancias predominantes en ese
momento anunciaban peligros para la estabilidad del Gobierno. Riva-Agüero llegó
a preparar su dimisión el 11 de junio. En el documento que redactó, después de
exponer la gravedad del conflicto, decía: “Solamente resta, Señor, que antes
que la discordia pueda precipitar en un abismo la nave del Estado, vuestra
soberanía la salve, nombrando otro que se encargue del Poder Ejecutivo.
Sírvase, pues, el Soberano Congreso admitir la renuncia que hace de la
Presidencia un ciudadano que siempre se sacrificará por defender a la
Representación nacional, como que le tiene dadas tantas pruebas de adhesión y
obediencia”. Gesto tan magnánimo quedó, sin embargo, sin llevar a cabo, pues
llegó a su conocimiento que el general español Canterac había atravesado la
cordillera en dirección a la capital, con tropas superiores a las que podían enfrentársele.
El 12 de junio manifestó Riva-Agüero al Congreso la necesidad de que entre
ellos hubiese la mejor armonía y pidió que le fuera designada la extensión de
sus atribuciones. La respuesta parlamentaria se concretó a decir que tomara,
para salvar a la Patria del peligro, todas las providencias que considerase
oportunas en el uso de sus facultades ya por él obtenidas. El 17 de junio los
poderes públicos y el ejército evacuaron Lima, de conformidad con lo
anteriormente resuelto en una junta de guerra y se instalaron en el Callao.
Allí el peligro con el enemigo en las cercanías, la forzada improvisación de
elementos y recursos, la estrechez del escenario, fueron un estímulo para la
excitación de los ánimos, con menosprecio de la prudencia y de la moderación.
El 18 intentó Riva-Agüero disolver el Congreso y nombrar una comisión de siete
diputados que, ejerciendo las funciones de un Senado, sirviera como consejo de
Estado y propusiese oportunamente la reunión de un Congreso general; los demás
diputados serían atendidos con embajadas y otros empleos según su conducta,
luces y circunstancias. No encontró, sin embargo, representante que se
atreviera a presentar este plan en la Asamblea. Al comprobar que había fallado,
escribió Riva-Agüero una carta reservada a Santa Cruz para que mandara hacer
una exposición del ejército y actas de los pueblos, expresando que no obedecían
a otro presidente mientras no se concluyese la guerra. Una carta de Sucre del
20 de junio expresó: “Todos mandan en el Callao, los víveres escasean y son
distribuidos por diferentes autoridades, siendo solo suficientes para cubrir
las necesidades de cincuenta días; las municiones y armamentos han desaparecido
sin que el jefe encargado de custodiarlas sepa cuál es el destino que se les ha
dado”. En la primera sesión celebrada el 19 de junio por el Congreso en el
Callao y cuyo quórum había sido fijado en 28 diputados, el presidente de la
Asamblea, Carlos Pedemonte, indicó que debía señalarse el lugar a donde podrían
reunirse este Poder del Estado, el Gobierno y todos los Tribunales, si
pareciere conveniente abandonar también aquel puerto. Sánchez Carrión preparó
el proyecto de resolución designando a Trujillo como capital provisoria y
estableciendo la creación de un poder militar con las facultades necesarias, a
efecto “de que haga cuanto convenga para salvar la República” (19 de junio). El
diputado Manuel Antonio Colmenares presentó una adición, que llegó a ser
aprobada, para que fuese entregado ese poder militar al general en jefe del
ejército unido, o sea a Sucre. Al mismo tiempo, solicitó que nuevamente fuese
llamado Bolívar a “salvar el Perú”, lo que también se aprobó, después de lo
cual quedó nombrada una comisión compuesta por Sánchez Carrión y Olmedo para
que viajara a invitar al Libertador, quien ejercería las funciones de
Generalísimo al pisar el territorio peruano y se entendería con los dos
emisarios sobre la manera de ejercer el supremo poder militar. El Congreso
erigió, pues, frente a Riva-Agüero, la autoridad bélica de dos personas, o sea
Sucre y Bolívar. Mientras Sucre se negaba a prestar el juramento de su nuevo
cargo y renunciaba la jefatura del ejército unido, Riva-Agüero demoró primero y
puso luego tardío cúmplase, el día 24 de junio, a la resolución del 19 de ese
mes, y suscribió una protesta en privado ante el ministro interino de Guerra,
José María Novoa, el fiscal de la Alta Cámara de Justicia y diputado Manuel
Pérez de Tudela y el coronel Francisco Carrillo y Mudarra. Inculpó de lo que
ocurría al resentimiento de varios diputados por el cese de la Junta
Gubernativa. El presidente de la República había sido privado de un atributo
propio del Poder Ejecutivo, al crearse el supremo poder militar; y el juramento
prestado por los diputados al instalarse el Congreso y al sancionarse las bases
de la Constitución quedaba violado, puesto que dicho poder había sido entregado
a un general extranjero. Debía tenerse por nulo el cúmplase al respectivo
decreto, así como todo acto, acta, convenio o tratado que apareciera firmado
por él sobre este asunto y perjudicando a la República por hallarse, con toda
su familia, dentro del castillo de la Independencia, guarnecido con tropas
colombianas y a merced de Sucre, por lo que era de temer que abusara de su
fuerza (21 de junio).
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