EL ACUERDO CON LA NOMINAL DEPOSICIÓN DE RIVA-AGÜERO POR EL CONGRESO
Ante
la insistencia espectacular del Congreso, Sucre prestó ese día 21 el juramento
pedido, antes de que el Ejecutivo le hubiese puesto el correspondiente
cúmplase, bajo la condición de que su autoridad fuera ratificada por la misma
Asamblea en Trujillo. En cuanto a las atribuciones del “poder militar”, una
resolución legislativa decidió ese día que ejercería las amplias atribuciones
del presidente de la República mientras durara el peligro a juicio del
Congreso, recibiría su mismo tratamiento y estarían directamente sujetas a él
todas las fuerzas de mar y tierra. En sesión siguiente, el 22, el diputado
Ignacio Ortiz de Zevallos presentó una moción declarando que Riva-Agüero había
cesado en el ejercicio de sus funciones. Tan grave acuerdo llegó a ser adoptado
con la limitación propuesta por Nicolás de Aranívar de que el cese fuera “en
los puntos que sirven de teatro a la guerra”. Pero al día siguiente,
Riva-Agüero fue exonerado del mando, en vista de que, según entonces se dijo,
había manifestado verbalmente “que estaba llano a dimitir”. Quedó ordenado
entonces se le expidiera pasaporte para salir del país, y se autorizó
interinamente para el despacho de los asuntos administrativos en las regiones
del norte del Perú, al ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Francisco
Valdivieso. Fernando Casós escribió alguna vez que en el Perú es admirable lo
que no sucede. Este pensamiento surge ante la carta que Riva-Agüero escribió y
no despachó en su dimisión. “Enterado (decía al10 de la suprema resolución del
Soberano Congreso acerca de mi cesación absoluta en el cargo de presidente de
la República, espero se sirva admitirme el Soberano Congreso la más sincera
expresión de mi gratitud, tanto por aliviarme de un peso superior a mis débiles
fuerzas, como por la salvación que debe esperar bien pronto la Patria teniendo
las riendas del gobierno una persona que reúna todas las cualidades para
salvarla”. Continuaba este documento manifestando que como americano estaba él
dispuesto a tomar el fusil por la salud del Estado; que se sometía a un juicio
imparcial y hallábase pronto a responder a los cargos que se le hicieren; que
sentía la satisfacción de retirarse sin bienes, habiendo gastado los que
poseyera en bien de la patria y no habiendo exigido indemnización alguna. Al
terminar indicaba que por la situación del Callao no creía conveniente
permanecer en esa plaza él y su madre, que era de avanzada edad y pedía que
fuera señalado el lugar a donde debía trasladarse. Si se hubiera retirado
entonces, en acatamiento a la decisión del Congreso que le había investido con
la Primera Magistratura de la República y que, a pesar de todas las anomalías
en su funcionamiento, y de todos sus defectos, representaba la única expresión
de la soberanía nacional, Riva-Agüero habría hecho un servicio a su buen nombre
y al bien del Perú. Pero la ambición, la arrogancia, la porfía, mezcladas a
conceptos de honor y dignidad, pudieron más que el buen sentido y la abnegación
patriótica que, al ofrecerle entonces lo que hoy cabe llamar un campo de
aterrizaje, le hubieran permitido más tarde hacer un nuevo “despegue” político
evitando que se estrellara catastróficamente. Al saber la deposición de
Riva-Agüero, Sucre declaró que la división colombiana no entraría en cuestiones
políticas internas, con lo que trató de amenguar la acusación de que alentaba
las maniobras en contra del primer presidente peruano. El 25 de junio suscribió
una nota donde afirmó que “la continuación de estas disensiones a presencia del
ejército y al frente de un enemigo poderoso, es un mal del que el Soberano
Congreso y el Ejecutivo serán responsables ante la Patria”. El “enemigo
poderoso” de que hablaba Sucre, es decir, el ejército español, había entrado en
Lima el 18 de junio, procediendo como si hubiese llegado a territorio enemigo.
En la sesión del 26 de junio, que fue la última celebrada en el Callao, se
acordó que las cosas permanecieran como estaban, hasta otra oportunidad. La
guarnición y la opinión pública de Lima, unidos, habían impuesto a Riva-Agüero
en febrero de 1823, con motivo de la primera derrota en el Sur. Ahora, en el
Callao, en medio de los apuros de la retirada ante el enemigo común, una
facción del Congreso enemiga de Riva-Agüero (compuesta, en parte, por peruanos
entre los cuales habían sido incorporados algunos como suplentes e integrada,
además, en parte, por extranjeros) persuadida de la necesidad de la presencia
de los colombianos y de Bolívar para salvar la independencia, aprovechaba el
hecho de que las tropas nacionales se hallaban en la segunda campaña del sur,
que Lima había sido abandonada y que las turbas de la capital no podían
defender a su “niño Pepe” para maniatar al Presidente en su silla, para
afrentarlo y para, finalmente, adoptar un acuerdo con el fin de arrojarlo de
ella, vengándose así del motín de Balconcillo y pretendiendo utilizar la fuerza
militar que Riva-Agüero empleara antes, si bien este acuerdo no tuvo
cumplimiento inmediato por lo revuelto de las circunstancias. Según dijo
Riva-Agüero en su manifiesto de Londres (1824) en el Callao se reunieron
treinta y ocho diputados de sesenta y nueve, que era su total y solo veintisiete
votaron su deposición. El único otro caso en que el Congreso ha depuesto en el
Perú al presidente de la República ha sido el de Billinghurst, en 1914.
Riva-Agüero, que conservó su título de presidente al quedar momentáneamente en
suspenso el acuerdo del 23 de junio y al interrumpirse el funcionamiento del
Congreso, se dirigió en la fragata Peruviana a Huanchaco junto con un grupo de
funcionarios, en el que había partidarios y opositores suyos, para establecerse
en Trujillo (26 de junio). Algunos diputados se embarcaron con el mismo rumbo
en otro barco, el Vigía. Sucre se quedó en el Callao proveyendo a la defensa de
la plaza.
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